Sánchez responde con un corta y pega a los intentos de control del destino de los 140.000 millones de rescate

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido hacer caso omiso a las solicitudes de información sobre el destino de los 140.000 millones de euros del rescate europeo. De la forma más obscena, ha empezado a contestar a los requerimientos del Congreso con una plantilla, independientemente de la pregunta realizada por los grupos políticos. Así, un corta y pega idéntico, está siendo utilizado para contestar, por ejemplo, a cuáles van a ser los próximos destinos de los millones de la UE, al detalle de los objetivos perseguidos en la concesión, o la consulta sobre las condiciones financieras. Por lo visto, según el Gobierno, cuatro párrafos idénticos dan respuesta a todo.

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado una batería de preguntas sobre el uso del fondo de rescate europeo, en concreto, sobre la parte empresarial que gestiona la SEPI. Una de esas preguntas, por ejemplo, reclama la siguiente información: “¿Qué número de empresas que, habiendo solicitado la ayuda del fondo, no podrá recibir asistencia financiera por no cumplir las condiciones para ello? Otra de las preguntas parlamentarias enviadas por escrito al Gobierno dentro de la función de control del Ejecutivo propia del Parlamento reclama conocer el grado de cumplimiento de los “objetivos” y del “éxito” alcanzado en el reforzamiento de empresas. Y otra, por ejemplo, pregunta por la “previsión que tiene el Gobierno sobre futuras concesiones de asistencia financiera como cargo al fondo”.

Y la respuesta a todas esas preguntas ha sido la misma. Un corta y pega de una plantilla en la que se incluye una información que realmente no contesta a ninguna de las preguntas realizadas por los diputados del partido de Santiago Abascal:

“El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas fue creado por el artículo 2 del Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, que determina que será gestionado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por el Consejo Gestor del Fondo, órgano colegiado interministerial adscrito al Ministerio de Hacienda. La Orden PCM/679/2020, de 23 de julio (por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020), determina que corresponde a SEPI el análisis y valoración de las operaciones, previos a la resolución de las solicitudes por el Consejo Gestor”.

La respuesta añade que “el Fondo ha sido creado con el objetivo de prestar apoyo público temporal para reforzar la solvencia empresarial de empresas no financieras que atraviesen dificultades temporales a consecuencia del COVID-19. El Gobierno considera que se están cumpliendo los objetivos para los que el Fondo fue creado”. Eso sí, sin detallar ni el contenido exacto de esos objetivos y el grado concreto de cumplimiento.

“Hasta la fecha, se han recibido 64 solicitudes de apoyo público temporal con cargo al Fondo de Solvencia, cuyos expedientes se encuentran en este momento en fase de análisis y valoración por parte de SEPI -organismo al que se ha encomendado la tramitación de los expedientes-, con carácter previo a su elevación al Consejo de Ministros para autorización previa a la aprobación por parte del Consejo Gestor, una vez concluido dicho análisis”, añade la plantilla. De nuevo, sin contestar a la pregunta de los futuros proyectos y su impacto económico.

Y, por último, un cuarto párrafo cierra el corta y pega con la siguiente loa a la labor del Ejecutivo de Pedro Sánchez: «Se están realizando los mayores esfuerzos para tramitar las solicitudes en el menor tiempo que resulte posible, no existiendo una previsión sobre el número final de operaciones a aprobar o el importe total a ejecutar, pues dependerá del importe de las operaciones finalmente autorizadas”.

Hay que recordar que la asignación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez del rescate europeo ha estado permanentemente rodeada de polémica. Y es que el Gobierno pretendió ocultar el informe del Consejo de Estado que denunciaba, de hecho, la falta de controles externos al uso discrecional del fondo por parte del Gobierno.